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Ibáñez afirma que los Ayuntamientos son quienes deben ofertar los puestos para
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Ibáñez afirma que los Ayuntamientos son quienes deben ofertar los puestos
para agentes locales en segunda actividad
El director general de Interior, Luis Ibáñez, aseguró hoy que actualmente, de
acuerdo con la legislación vigente, son los Ayuntamientos los que deben ofertar
los puestos de trabajo destinados a los agentes de la Policía Local que, por
edad, se acogen a la segunda actividad a los 55 años, con el mismo sueldo, según
informaron fuentes de la Generalitat.
Ibáñez, que hoy presentó el borrador que recoge la modificación del régimen
de la segunda actividad de la Policía Local, regulado en la Ley 6/1999, indicó
que el 'problema, a la hora de aplicar la norma, estriba en establecer esas
plazas para los agentes que estén en régimen de segunda actividad, puesto que
muchos Ayuntamientos no las han previsto'. La segunda actividad también se
encuentra regulada en el Decreto 19/2003 por el que se aprueba la Norma Marco de
la Policía Local, denunciado por los sindicatos en dos ocasiones
aunque, según Ibáñez, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana ha considerado que se ajusta a derecho.
En el caso de que el Ayuntamiento no haya previsto el puesto de segunda
actividad ni en el propio cuerpo de la Policía ni en el resto del organigrama
municipal, 'es cuando el policía pasa a una situación que se llama segunda
actividad sin destino'. En este supuesto, dado que no tiene puesto donde
realizar sus funciones, están en 'expectativa de destino', sin acudir a su
centro de trabajo y cobrando un sueldo íntegro menos un 20 por ciento, durante
un tiempo máximo de un año para que el consistorio pueda darle un puesto.
Para el director general de Interior, las reivindicaciones que en este
sentido exigen los sindicatos 'pretenden que se modifique la Ley de Coordinación
para introducir una nueva figura que no existe ni en la legislación del Estado
ni en las distintas leyes de coordinación que hay en otras comunidades
autónomas'.
Así, explicó que 'solicitan que el agente que tenga 60 años, de
forma voluntaria, pida el pase a una situación de segunda actividad
sin destino y cobrando el 80 por ciento del sueldo'. Ibáñez señaló
que este planteamiento 'fue puesto en conocimiento de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias, y todos los representantes
municipales sin distinción política se opusieron de manera
taxativa'. No obstante, señaló que en la Junta de Portavoces de la
FVMP 'se añadió que si alguna administración ajena a la local se
hiciera cargo del coste admitirían la propuesta de modificación de
la ley'.
Ibáñez consideró que 'en toda esta discusión, subyace el tema de que
los policías locales vienen ejerciendo funciones propias de los
Cuerpos de la Policía Nacional y Guardia Civil, por no cubrir con
sus efectivos las reclamaciones de los ciudadanos de inseguridad
ciudadana, por lo que la conselleria entiende que deberá ser la
Administración del Estado la que asuma, en todo caso, estos costes,
por cuanto es el Ministerio del Interior el que provoca la situación
con su falta de previsión de efectivos policiales'.
BORRADOR
El director general explicó que el borrador presentado 'recoge
aquellas propuestas que suponen mejoras en el servicio que prestan
los agentes municipales pero siempre y cuando se ajusten a la
legalidad vigente'.
Según la Generalitat, entre las propuestas contempladas en la
reforma destaca el estudio conjunto con los Ayuntamientos de planes
de prejubilación y se plantea la posibilidad de crear plazas en la
administración autonómica, mediante suscripción de convenios, para
acoger a estos agentes.
La Generalitat señaló que se ha pensado que estos policías pasen a
custodiar edificios públicos como museos o institutos que, 'hoy por
hoy, cuentan con seguridad privada'. En relación con el sueldo, 'se
analizaría alguna fórmula para que lo asumiera parte los
Ayuntamientos y parte la Generalitat Valenciana'.
Según añadieron las mismas fuentes, el borrador ha sido propuesto
por el Gabinete Técnico de Policías Locales, 'órgano en el que los
representantes de los sindicatos policiales y los técnicos preparan
los informes que se elevan a la Comisión, para que se estudien
dichas propuestas y se pueda configurar un documento definitivo'.
Terra Actualidad - Europa Press |
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